Responsabilidad Social en la Administración Pública

Cabría pensar que la Administración Pública, al ser un ente que funciona por y para las personas, tiene per se un principio de responsabilidad social, en el que todos y cada uno de nosotros y nosotras, estamos en el centro de la gestión pública. Pero desgraciadamente los acontecimientos que cada vez más han salido a la luz durante los últimos años, relacionados principalmente con la corrupción, nos hace pensar que queda mucho trabajo que hacer para que la Administración Pública se convierta de verdad en protectora e impulsadora de la población.

En España existen actualmente 8.131 municipios (según los datos del INE actualizados a Abril de 2019) con sus respectivos Ayuntamientos, que sumado a las Comunidades Autónomas, Diputaciones, Comarcas, Mancomunidades, Fundaciones y demás entidades de carácter público, nos encontramos con que, en nuestro país, hay más de 18.000 entes (datos de 2016) que gestionan el erario público. Si además tenemos en cuenta que prácticamente la mitad de ellos hacen su función en territorios eminentemente rurales, es de vital importancia que una buena gestión, transparente y que apueste por su población y el medio que les rodea, es la clave para fijar la población rural.

Quien siga nuestro blog a menudo, sabrá que no paramos de hablar de Responsabilidad Social Empresarial o RSE, que no es más que el compromiso por el cual las empresas asumen las consecuencias sociales, económicas y ambientales de su actividad y se responsabilizan de las mismas, poniéndoles solución. Cada vez más empresas, grandes y pequeñas, se suben al carro de la RSE y se comprometen con el entorno que les rodea, mientras que la Administración Pública se queda rezagada, aparcando su objetivo de velar por el interés general, para hacerlo por el interés político.

Aunque es cierto que las reformas hechas en el sector público en los últimos años han sido principalmente para conseguir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (asuntos obviamente muy importantes), tampoco se puede perder el foco en la población y en los demás aspectos que conforman el Estado del Bienestar. Aún teniendo los presupuestos más “atados” que hace 10 años, se pueden implantar en la Administración Pública criterios de gestión propios de la Responsabilidad Social que hagan volver a pensar en las personas y el medio ambiente por encima de cualquier otro aspecto. Porque es a través de un buen funcionamiento de la Administración Pública, la única forma en la que se garantiza el cumplimiento de principios universales como la igualdad, redistribución de la riqueza o la cohesión social y territorial que tanto se anhelan en una democracia moderna.

¿Cómo implantar la Responsabilidad Social en la Administración Pública?

• Transparencia: A pesar de llevar casi 5 años en vigor la famosa Ley de Transparencia, las cuentas públicas siguen siendo un terreno desconocido para gran parte de la población. No sólo dejar disponible la información, sino también acercarla a los y las habitantes del municipio, puede promover una mejor visión de la entidad, y más actualmente en el que la preocupación por la gestión pública está adquiriendo importancia entre la población.
• Medición del impacto social y ambiental: Uno de los principales defectos que tiene la Administración Pública, es la escasa evaluación y de medición del impacto real de los proyectos que se ponen en marcha, en la que no se mide más que la cantidad de personas que han disfrutado un servicio, y no la calidad del mismo o la capacidad de cubrir una necesidad real. Saber cuáles han sido los resultados cualitativos de una acción es vital para saber si las políticas públicas que se han puesto en marcha, son de verdad útiles para la población y si la inversión realizada ayuda realmente a los objetivos que se querían conseguir, ayudando además a hacer una gestión más eficiente de los recursos, pues ayudará a saber en qué medidas merece la pena invertir y en cuáles es mejor hacer una reestructuración.
• Contratación pública: Cuando un Ayuntamiento o cualquier otra entidad pública contrata un servicio externo, la mayoría de las veces primará la propuesta económica del servicio por encima de otros componentes, llegando por ejemplo a contratar servicios a empresas lejanas al municipio, existiendo otras en el pueblo que se desestiman sólo atendiendo al precio. Hacer una contratación pública más responsable, que tuviera en cuenta otros criterios de adjudicación más allá que el precio, primando otros de carácter más social, creación de empleo y medioambientales (actualmente la Ley de Contratos, los prevé pero son siempre opcionales para la Administración contratante, por lo que no da las garantías suficientes de que se cumpla siempre), no sólo fomentará el comercio y el empleo local, sino que además aumentará la confianza de la población en la propia administración.
• Presupuestos participativos: Al igual que en una empresa es de vital importancia tener en cuenta a sus trabajadoras y las necesidades de la clientela, para una entidad de carácter público se convierte aún más importante la opinión de la población. Algo tan sencillo como destinar partidas presupuestarias a proyectos participativos, donde los y las habitantes puedan decidir en qué servicios o recursos se puede gastar el dinero, hará ver que la entidad se encuentra más comprometida con la población a la vez que la población se sentirá aún más comprometida con el municipio. Precisamente en los municipios más pequeños y en entornos rurales, es donde más efectivo y factible se puede llevar a cabo esta medida, pues la Administración en este caso es mucho más cercana, y se trata de un complemento más para el avance de una democracia, más allá de insertar un voto cada cuatro años.

Una buena gestión pública, centrada en las necesidades de su población, es el seguro de supervivencia de los pueblos y los territorios rurales, por eso establecer criterios responsables en el día a día de Ayuntamientos, Mancomunidades, Comarcas y demás entidades públicas, mejorará no sólo la visión y el compromiso que la población tenga con respecto a ellas, sino también sus perspectivas de futuro en el pueblo, generando municipios deseables donde vivir. Además, no podemos olvidar que la Administración Pública es la primera que debe mostrar una gestión ejemplarizante, que incite al resto de la sociedad a tomarla de referencia de buenas prácticas sociales, económicas y medioambientales.