Políticas fiscales para luchar contra la despoblación rural

Límites del gasto público y cómo nos afecta

Éstas últimas semanas los medios nos han inundado de noticias sobre déficit, deuda, techo de gastos, presupuestos y demás temas de vital importancia que, por su complejidad y manera de tratarlo en los medios, se nos escapa de la comprensión a la mayoría de gente de a pie. Sin embargo, dentro de todo ello, hay una noticia que me ha llamado la atención especialmente. La Junta de Andalucía recibirá 1.237 millones de euros como parte de la liquidación de 2015, pero debido a la existencia del “techo de gasto”, unos 637 millones se encuentran totalmente bloqueados. En esencia, esto significa que todo ingreso extra de cualquier administración pública, se destinará prioritariamente al pago de la deuda pública, antes incluso que invertir en aumentar los servicios a la población o la calidad de los mismos.

Políticas de desarrollo rural

Como resultado, gobiernos como el andaluz o el castellano-manchego están poniendo el grito en el cielo porque se ven maniatados para poner en marcha programas y políticas regionales necesarias. No olvidemos que las competencias en políticas de desarrollo rural, la cual nos afecta mucho a las personas que vivimos en pueblos pequeños y zonas rurales, son autonómicas; administraciones cuyos presupuestos han sido de los más recortados desde que se inició la crisis, a pesar de representar las zonas más pobres y despobladas del territorio. Eso me lleva a reflexionar sobre lo que están planteando algunas voces de Aragón y Castilla-La Mancha: ¿Puede usarse la fiscalidad como herramienta de lucha contra la despoblación rural?

Como ya mencioné en un post anterior hay tres servicios públicos clave los cuales afectan directamente a la calidad de vida de la población rural y son detonantes del éxodo de las personas hacia las ciudades: la falta de colegio, centros médicos y los servicios de dependencia. Es indiscutible la necesidad de que esos servicios existan y además que sean de gestión pública para asegurar su universalidad, gratuidad y no discriminación. Pero lo que no es justo es que, si se nos priva de esos servicios y los que se prestan son de menor calidad que los que pueda recibir una persona en una ciudad, no deberíamos tener la misma presión fiscal que se da en las zonas urbanas.

Un ejemplo muy significativo es el transporte público. El Ayuntamiento de Arroyomolinos de León (Huelva), el pueblo que vio nacer a AlmaNatura, ha iniciado junto a otros Ayuntamientos de la comarca una campaña de change.org para solicitar una red de transporte público digno. Y es que la privación de servicios básicos como el transporte cuando no se tienen otros servicios en las localidades más pequeñas, supone un atentado contra los derechos fundamentales de dichas poblaciones, ciudadanos y ciudadanas que contribuyen a la Hacienda pública como cualquier otro.

Medidas fiscales para luchar contra la despoblación rural

Por otro lado, el establecimiento de medidas fiscales para las poblaciones rurales no solo beneficiaría a las personas  que viven en ellas al luchar por un sistema tributario más justo y progresivo (recordemos que coinciden con las zonas con mayor riesgo de pobreza del país) sino que servirían de incentivo para la población de dichas zonas. Así que proponemos, sin querer ser gurús del tema, algunas medidas fiscales que fomentarían la fijación de la población rural:

1) Bonificaciones cuota de autónomos rurales. Una persona que decide establecerse como autónomo en una pequeña localidad tiene que asumir costes extras como el mayor coste de transporte, infraestructuras, comunicación, menor disponibilidad de materias primas, mano de obra cualificada, y otras dificultades inherentes al entorno a las que una ayuda directa a la cuota obligatoria de autónomos no vendría nada mal.

2) Bonificaciones para la contratación en Pymes de entornos rurales. Esto es un clásico como medida fiscal pero cobra vital importancia en las zonas rurales si se quiere retener talento o traerlo de fuera así como para motivar el crecimiento de las Pymes. Sabemos precisamente de algunos casos como el Ayuntamiento de Aracena, que lleva a cabo programas de ayuda a la contratación de jóvenes de la localidad, subvencionando a esas empresas que los llevan a cabo, medida muy aclamada y con cada vez más beneficiarios en el pueblo, y que ayuda principalmente a que los y las jóvenes, no tengan que emigrar para encontrar un trabajo digno; así como a las empresas para crecer y mejorar su competitividad.

3) Deducciones de la cuota íntegra del IRPF para personas empadronadas en zonas rurales. El Impuesto de la Renta de Personas Físicas es uno de los impuestos más importantes para el sostenimiento del a Hacienda Pública y su carácter progresivo se pone en entredicho ya que no tiene en cuenta circunstancias personales que sufren las personas que viven en pequeños municipios. Tener que llevar a tus hijos a colegios e institutos lejanos, recorrer kilómetros y kilómetros para visitar a un médico especialista, la dificultad de encontrar empleo y demás circunstancias que hacen que realmente la renta disponible de esas personas sea mucho menor, además de la menor disponibilidad de los servicios públicos financiados por el impuesto distan mucho de lograr un “sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad” (que no lo digo yo, que lo dice la Constitución en su artículo 31).

4) Incentivos fiscales en impuestos locales como pueden ser el de Actividades Económicas, Bienes Inmuebles, Vehículos de Tracción Mecánica o las tasas de basuras. A pesar de suponer una de las fuentes principales de ingresos de los Ayuntamientos, los servicios de recogidas de basura o el uso de vehículos en pequeños pueblos no suponen la complejidad e impacto que tienen en ciudades grandes, por lo tanto sus habitantes deberían pagar menores tributos o estar parcialmente financiados por mayores transferencias del Estado o Comunidades Autónomas para compensar esas diferencia en el uso del servicio.

En conclusión, como siempre dijo mi abuela, “en situaciones difíciles, toda ayuda es poca”. Y es que no podemos olvidar que a día de hoy siguen existiendo ciudadanos y ciudadanas a los que la vida se nos plantea un tanto más difícil por querer quedarnos a vivir donde nacimos. Al fin y al cabo, las políticas públicas deben buscar satisfacer el interés general, al cual concierne la situación tan crítica que están pasando el 80% de los municipios de nuestro país, y las políticas fiscales no dejan de ser unas medidas tan válidas como otras para luchar contra este problema social tan grave.