El pasado 18 de enero he visto publicada una noticia que, para todas las personas que trabajamos por un mundo rural vivo, supone una leve esperanza por conseguir algunos avances reales de las instituciones de gobierno.
“El secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha anunciado que el Gobierno presentará en un mes la estrategia nacional contra la despoblación. En este mes que queda hasta la presentación del plan, el Gobierno deberá definir los criterios que operarán a la hora de aplicar la estrategia nacional y en las cuestiones en las que se incidirá”
Y continúa así: Bermúdez de Castro ha reconocido que en “provincias como Soria, Teruel, Cuenca o Huesca tenemos un problema de despoblación y tenemos que buscar las fórmulas adecuadas para que si alguien se quiere instalar tenga oportunidades”.
Es fundamental que colaboremos todas las instituciones si tenemos en cuenta el problema al que nos enfrentamos con la despoblación. Además, creo que debemos desarrollar una estrategia con más rigor, aunque lleven trabajando en ello desde el pasado mes de abril, como podemos seguir leyendo en la noticia: “El pasado abril, el Gobierno puso en marcha un grupo de trabajo interministerial. Entre sus objetivos está analizar las oportunidades para atraer y fijar población a las zonas rurales, así como las necesidades de infraestructuras para hacer frente al reto demográfico de España y alumbrar la citada estrategia nacional”
El reto demográfico
Según el Instituto Nacional de Estadística si se mantienen las tendencias demográficas actuales, la población de España habría iniciado a partir de 2017 un descenso ininterrumpido, de forma que podría perder en los próximos 15 años el 1,2% de su población, es decir 552.245 habitantes. Dentro de 50 años, el descenso será del 11,6 % y la población se reduciría debido al progresivo aumento de defunciones y la disminución de nacimientos, con un saldo vegetativo negativo -que sería especialmente acusado a partir del año 2040- y que no se vería compensado por el saldo migratorio.
La pérdida de habitantes en el padrón afectó a todas las provincias de Castilla y León, con casos como el de Soria que baja de los 90.000 empadronados, y se queda con 88.903. La provincia abulense pasa de 162.514 a 160.700 empadronados entre el 1 de enero del 2016 y la misma fecha del 2017; Burgos de 360.995 a 358.171; León de 473.604 a 468.316; Palencia de 164.644 a 163.390; Salamanca de 335.985 a 333.603; Segovia de 155.652 a 154.184; Valladolid de 523.679 a 521.130; y Zamora de 180.406 a 177.404.
La estrategia nacional
Los objetivos prioritarios deberían girar en torno a tres grandes bloques: cómo mantener el nivel de vida de la población, favorecer el relevo generacional y diversificar la actividad económica. Una medida de la que ya hemos hablado en este blog es la de implementar una política de Incentivos fiscales para las personas y las empresas instaladas en las localidades afectadas por la despoblación. “No dar marcha atrás en los avances conseguidos en las políticas de igualdad entre mujeres y hombres en los últimos años” o frenar el “desmantelamiento de servicios públicos esenciales del medio rural” son reivindicaciones de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR).
Varias Diputaciones han avanzado en potenciar su papel en la lucha contra la despoblación como impulsoras del territorio, ya que resaltan la proximidad de estas entidades como garantía de calidad en la prestación de servicios a los ayuntamientos y a la ciudadanía. Los políticos dicen apostar por estos mecanismos intermedios para igualar las oportunidades en los diversos municipios.
En la zona de Levante todos los niveles de la administración (La Generalitat, la Diputación y algunos Ayuntamientos) han iniciado medidas contra la pérdida de población, aunque pocas cumplen con las reivindicaciones de los municipios afectados, sobre todo en la demanda de incentivos fiscales para los ciudadanos y las empresas instaladas en estas localidades. Durante la presentación de los presupuestos de 2018, el presidente de la Diputación de Castellón aseguró que se había conseguido situar la despoblación en la agenda política y que las cuentas de la entidad para el próximo año iban encaminadas a paliar este problema. Las diversas medidas que contemplan estos presupuestos están dispersas y es complicado cuantificarlas.
Todas estas acciones políticas parecen poco concretas y claramente insuficientes, porque, como Julio Llamazares (quien ya trató en su novela “La Lluvia Amarilla” la realidad de la despoblación cuando nadie hablaba de ello) comenta en este artículo “Continuamente los políticos españoles hablan de la necesidad de fijar población en el mundo rural, pero lo hacen sin saber muy bien la dimensión real del problema y, sobre todo, sin estar convencidos de aquella; de lo contrario, ya habrían pasado a la acción”.
Mientras tanto los colectivos, asociaciones, entidades, empresas sociales, etc, seguimos trabajando por intentar mantener un mundo rural vivo a la espera de la llegada de una agenda política que responda a una ya casi vieja e imperiosa necesidad.
