Para cuando lean este artículo ya se habrá inaugurado oficialmente el Año Internacional del Turismo Sostenible en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Al hilo de lo que escribíamos en nuestro último post 2017, Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo: retos y oportunidades hemos creído conveniente sumar al análisis de esos desafíos una serie de observaciones sobre los riesgos que puede conllevar una mala, o nula gestión, de los objetivos marcados, no solamente para este año sino para los venideros.
Hace pocos días nuestro compañero Israel Manzano, en su artículo ¿Qué aporta el turismo frente a la despoblación del medio rural?, ya se adelantaba en esta posibilidad de buen uso del turismo y concluía su post de una manera muy acertada al determinar que: «(…) un turismo sostenible poco masificado y bien enfocado a la realidad de la comunidad, puede convertirse en un elemento exponencial de desarrollo y dar como consecuencia la fijación de la población, todo dependerá de cómo utilicemos un recurso tan potente como es el turismo».
Para poder analizar más adelante los riesgos a los que nos enfrentamos debemos tener claro que el turismo, desde hace ya tiempo y por todos sabido, supone un fenómeno económico y social de primera envergadura. La propia Organización del Turismo (OMT) ha estimado que un tercio de los viajeros de todo el mundo elegirá en 2017 destinos turísticos con criterios más sostenibles y que, para casi el 80 %, es importante optar por alojamientos que pongan en marcha iniciativas y prácticas ecológicas.
Por puro criterio matemático, y sabiendo que el pasado año 2016 se cerró con un récord de turistas en todo el mundo (rozando los mil doscientos millones, de los que 75,3 millones llegaron a nuestro país), eso supone que nos enfrentemos con un reto de gigantescas proporciones a todos los niveles: de sustentabilidad de los destinos, de la preservación de los valores patrimoniales y de respeto por la diversidad cultural.
Es ese desarrollo de un nuevo modelo de sostenibilidad turística en sus pilares económico, sociocultural y medioambiental lo que recoge la Carta Europea del Turismo Sostenible (CETS) y, curiosamente, reseña un principio que, en muchos casos se omite u olvida, que es el de que el turismo no solamente debe satisfacer las expectativas económicas y las exigencias ambientales, sino que también ha de ser respetuoso con las poblaciones receptoras. Además, avisa que, para participar en el desarrollo sostenible, el turismo debe asentarse sobre la diversidad de oportunidades ofrecidas por la economía local, garantizando su plena integración y contribuyendo positivamente al desarrollo económico local. Por tanto, si el desarrollo turístico no repercute de forma efectiva en la mejora de la vida de la población receptora e incide en un enriquecimiento sociocultural de cada destino, nos encontraremos ante el fracaso del tan publicitado —y bien intencionado— Año Internacional del Turismo Sostenible.
Y este temor o preocupación no viene de ahora, ni se sustenta en frías estadísticas, sino que, en nuestro país, ya tenemos una muestra de lo que ese turismo sostenible puede minusvalorarse o, en todo caso, no llegar a sus objetivos principales. En el año 2014 el Consejo de Ministros aprobó por Real Decreto el Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad, una propuesta, sobre el papel, innovadora y prometedora para integrar los objetivos de conservación en la política de turismo e impulsar la puesta en valor de la Red Natura 2000, el mayor conjunto de espacios protegidos del mundo, al que España aporta un 27% de su territorio.
Este Real Decreto, tal y como recoge en su texto normativo, apuesta por la promoción de un «turismo sostenible de naturaleza como valor añadido de la oferta turística española para aunar la conservación del entorno y contribuir a la mejora de las condiciones socioeconómicas de las poblaciones rurales». Si bien este Plan Sectorial refleja la ventaja competitiva que supone la biodiversidad de España con respecto al resto de la Unión Europea, resulta preocupante cuanto menos que bajo el manido término de «turismo de naturaleza», especialmente en espacios protegidos, no se adopten medidas para amortiguar —ya no decimos evitar— los impactos negativos sobre dichos espacios, ni se plantea la limitación de ese desarrollo turístico a ciertas áreas. Tampoco se recoge la exigencia obvia de establecer previamente estudios que analicen la capacidad de carga para determinar el número de visitantes que cada espacio puede soportar sin perjudicar los espacios protegidos.
El Plan Sectorial busca impulsar el turismo de naturaleza como estímulo y mecanismo de desarrollo socioeconómico en lugares con valores naturales destacables (fundamentalmente en los recogidos en la Red Natura 2000). Esta finalidad es muy loable, pero se han de establecer medidas estrictas para que ese turismo de naturaleza no se masifique, ni responda a objetivos meramente lucrativos, sino para que sirva efectivamente para conservar dichos espacios y redunde la actividad turística en la conservación de estos. Muchos de estos magníficos espacios naturales protegidos se encuentran en una situación preocupante en cuanto a olvido por parte de las administraciones que los deben gestionar, no teniendo muchos de ellos planes de gestión y conllevando conflictos en cuanto a los usos privados y de explotación que en aquellos se pueden realizar.
Si gran parte de esos setenta y tres millones de turistas que vinieron a nuestro país van a volver buscando un destino respetuoso con su biodiversidad y por su gran patrimonio natural, debe ser motivo, más que cualquier otro, para implicar a todos los sectores protagonistas en dicha política de sustentabilidad. El no hacerlo provocará, como ya dijimos en el anterior artículo, un deterioro medioambiental, una masificación de los espacios protegidos y un «pan para hoy» para las poblaciones locales.
Si creamos una conciencia crítica y responsable con una mayor aproximación educativa a nuestro rico patrimonio natural, conseguiremos que seamos exigentes con los gestores del espacio protegido y pidamos lo que ya en papel está recogido.
«Más de una cuarta parte del territorio de España, es decir, quince millones de hectáreas que albergan casi dos mil espacios naturales de importantísimo valor ecológico, forman parte de la Red Natura2000. A pesar de estas cifras, y de que más del 80 % de la población española vive cerca de uno de estos espacios, tan solo una mínima parte (el 3 %) sabemos qué es y cómo podemos aprovechar sus beneficios y ayudar a su conservación».
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