Desarrollo Rural, Sociedad

Nuevos pobladores rurales en conflicto

Establecerse en un pueblo abandonado para iniciar una nueva vida ha abierto un debate social sobre la despoblación. ¿Vale todo en cuestión de repoblación?

Desarrollar un estilo de vida de alta calidad y bajo impacto es el slogan de la RIE, la Red Ibérica de Ecoaldeas, que agrupa 12 ecoaldeas y 18 proyectos colaboradores. En su web encontramos la definición: “Una ecoaldea es un asentamiento a escala humana diseñado conscientemente a través de procesos participativos para asegurar la sostenibilidad a largo plazo. Las cuatro dimensiones (económica, ecológica, social y cultural) se ven reforzadas mutuamente. La atención a cada persona es esencial para el desarrollo integral y saludable de la comunidad. El poder de las comunidades humanas para unirse y co-diseñar su propio camino hacia el futuro es visto como una fuerza motriz importante para el cambio positivo”

Para conseguir este estilo de vida de alta calidad y bajo impacto es imprescindible un espacio natural, ya que se trata de vivir en contacto con la naturaleza y a partir de ahí aumentar la consciencia y manejar conceptos como bioconstrucción, ecología, autoconsumo, participación, comunidad, etc. Este estilo de vida coincide con el que muchas personas buscan cuando deciden dejar la ciudad por un entorno más próximo a la Naturaleza, ya sea un pueblo o una aldea.

En España, desgraciadamente, el número de pueblos abandonados no deja de aumentar. Tras el abandono llega el olvido. Quizás esta sea una de las razones por la que algunas personas se establecen en comunidad en pueblos o aldeas deshabitados.

En este último año se han dado dos casos muy llamativos de conflicto entre la Administración y este tipo de comunidades. Muy cerca de aquí, en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, se encuentra El Calabacino, en el municipio de Alájar. Esta pequeña aldea se ha visto inmersa, en los últimos meses, en un conflicto que finalmente parece ir camino de una resolución positiva para todas las personas implicadas.

La historia del Calabacino

El Calabacino quedó despoblada en los años 60 del pasado siglo como consecuencia del flujo migratorio que se produjo desde el medio rural a las ciudades buscando las oportunidades de crecimiento y desarrollo que ofrecía la incipiente industrialización de España. A principios de los años 80 un nuevo movimiento migratorio, esta vez en sentido inverso al anterior, empezó a traer nuevos pobladores que vienen de entornos urbanos buscando en el contacto directo con la naturaleza respuestas y soluciones al modelo de desarrollo urbano que ya se empezaba a percibir como insostenible.

En estos 35 años la aldea ha pasado del estado de abandono total a estar habitada por 115 personas de las que 50 son niños y niñas de todas las edades. En una gran parte los nuevos pobladores son propietarios de las huertas y viviendas que habitan, aunque también hay personas y familias que viven en régimen de alquiler y huertas donde conviven más de una familia. Algunas de estas personas levantaron sus actuales casas sobre suelo no urbanizable o sin licencia de obras y por este motivo tanto los habitantes del Calabacino como el propio Ayuntamiento han estado inmersos en un ajetreo judicial tras la inspección de agentes de Medio Ambiente.

Carcel por recuperar Fraguas

El otro caso relacionado con conflictos de repoblación que últimamente estamos viendo en los medios es el del pueblo abandonado de Fraguas, en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Un grupo de seis personas comenzaron en el año 2013 a rehabilitar las ruinas que quedaban desde que el municipio cayó en el abandono en la década de los 60, en un intento de establecerse en un sistema autogestionado. Estas personas están acusadas por la Junta de Castilla la Mancha de delitos de usurpación, daños medioambientales y ordenación del territorio y se enfrentan a una sentencia judicial con penas de cárcel y multa económica además de correr con los gastos de la demolición de las casas reconstruidas.

El debate social está dividido. Por un lado, tenemos el problema de que los pueblos se abandonan. No es fácil que haya personas que quieran volver a repoblarlos dado el ingente esfuerzo que ello conlleva. Por otra parte, tenemos unas administraciones que no favorecen que la vuelta al campo sea fácil o posible debido al cumplimiento de la legislación vigente. Deberíamos ser capaces de encontrar un equilibrio entre los problemas sociales globales y las propuestas ciudadanas dentro de la ley.

En el caso del Calabacino la justicia ha dado una oportunidad estableciendo un plazo de cinco años para que Ayuntamiento y habitantes de la ecoaldea regularicen la situación legal de sus viviendas. Esperemos que en Fraguas también se pueda llegar a un entendimiento para tener un pueblo abandonado menos y un proyecto de repoblación en marcha más.

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